Cinco países de la UE y Ruanda pactan centros de retorno: el modelo Trump cruza el Atlántico
Alemania, Dinamarca, Países Bajos, Grecia y Austria firmaron esta semana en Viena, junto con Ruanda, una declaración para deportar a ese país africano a migrantes irregulares con orden de expulsión ejecutable y sin derecho a permanecer en la UE, según informó El Mundo. El sistema debería empezar a funcionar el año que viene.
El diario lo compara con el esquema de Estados Unidos, que tiene acuerdos con 31 países, entre ellos Kosovo y Moldavia, y que ha enviado a unos 25.000 migrantes a terceros países en los 21 meses de Trump en la Casa Blanca. Bruselas, según el texto, viene girando en esa dirección desde mediados de 2024, cuando Ursula von der Leyen se abrió a estudiar "soluciones innovadoras".
El canciller austríaco, Christian Stocker, habló de un "cambio de paradigma verdaderamente histórico". La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, dijo que el plan eliminará los incentivos a la inmigración ilegal. Dinamarca añade que los deportados podrán integrarse en Ruanda o salir voluntariamente hacia su país de origen u otro destino al que puedan viajar legalmente.
El antecedente es poco alentador. El plan británico de enviar solicitantes de asilo a Ruanda, lanzado en 2022, terminó con cero deportaciones y una factura de 715 millones de libras, según cifras oficiales de Londres, que incluyen otras partidas contra la inmigración ilegal. Keir Starmer lo canceló en julio de 2024. Los tribunales británicos cuestionaron las garantías, y el texto recuerda que Ruanda está gobernada por Paul Kagame desde hace 32 años y no tiene un sistema legal verdaderamente independiente.
España es casi la única excepción. El Gobierno de Pedro Sánchez defiende la inmigración, y Bruselas atribuye el crecimiento español al empleo ligado a la migración, que impulsó el consumo privado. Aun así, El Mundo señala que las encuestas apuntan a un posible gobierno de PP y Vox tras las elecciones de dentro de una semana, lo que podría cambiar esa política.
Por qué importa
La externalización de deportaciones puede costar mucho dinero público, como mostró el caso británico. También influye en el mercado laboral: Bruselas atribuye el crecimiento de España al empleo ligado a la migración, así que cambiar de política tiene consecuencias económicas.
Puntos clave
- Cinco países de la UE y Ruanda firmaron en Viena una declaración para deportar migrantes irregulares con orden de expulsión.
- El sistema debería funcionar el año que viene y se parece al de EE. UU., con 31 países.
- El plan británico con Ruanda costó 715 millones de libras y no logró ninguna deportación.
Escrito por la redacción de PixelContent a partir de información pública. Nota original: El Mundo.
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